JAVIER VALENZUELA, Washington  

              Cientos de miles de extranjeros, inmigrantes hispanos en su mayoría, viven una situación kafkiana (1) en Estados Unidos en estos últimos días de septiembre. La cuenta atrás (2) de seis meses expira y, si se aplica al pie de la letra (3) la reforma de la Ley de Inmigración, quienes no tengan sus papeles en regla (4) deberán abandonar el país. La angustia (5) y la confusión son tales que el Congreso decidió el viernes prolongar tres semanas el plazo (6), que vencía el martes.  

 
Una madre besa a su hija a través de la barrera 
que separa México y EE UU en Tijuana (Epa). 

              Ese aplazamiento (7) conseguido por los congresistas hispanos supone (8) según uno de ellos, Luis Gutiérrez -demócrata de Illinois-, «una pequeña victoria para seguir luchando». Pero la espada de Damocles (9) sigue amenazando a cientos de miles de extranjeros aunque no hayan cometido (10) delitos (11), lleven años (12) trabajando en empresas norteamericanas y tengan familiares en situación regular e incluso con nacionalidad estadounidense. 

              Si en las tres semanas suplementarias no consiguen regularizar (13) su situación -lo que es complicado, dada (14) la inextricable burocracia de EE UU-, tendrán que dejar empleos y estudios, suspender tratamientos médicos y separarse de sus familias. Deberán salir de EE UU, regresar a sus países de origen (15) y desde allí seguir batallando (16) en las embajadas (17) norteamericanas. 

              «En este Congreso se habla mucho de valores familiares, pero a pocos de sus miembros parece importarles que miles y miles de familias que creen en el sueño americano y trabajan dura y honradamente van a tener que desintegrarse», denuncia el congresista Luis Gutiérrez. Tal es (18) el caso de María Cruz, inmigrante mexicana en Los Ángeles. Durante cinco años, María Cruz ha hecho colas interminables (19) para conseguir la tarjeta verde o permiso indefinido de residencia . Ahora se ve obligada a abandonar EE UU y dejar aquí a su marido, Martín Cruz, capataz (20) en una factoría californiana y en situación legal, y a sus dos hijos, Jesse, de cinco años, y Guillermo, de tres, que al ser nacidos en territorio norteamericano pueden quedarse. 

              Estamos hablando de extranjeros que tienen alguna posibilidad de conseguir los papeles, bien porque (21) entraron con visados temporales (22) que ya han caducado (23) o como refugiados políticos de las guerras de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Se calcula que son unos 700.000 de los casi cinco millones de inmigrantes ilegales en el país. Los otros, según la ley, no deberían haber pisado (24) jamás suelo norteamericano (25), por lo que son susceptibles de expulsión en el momento mismo de ser sorprendidos (26). Las autoridades norteamericanas calculan que cada año entran 250.000 ilegales en el país. 

              En las últimas semanas, parlamentarios (27), asociaciones de inmigrantes e incluso organizaciones empresariales (28) inquietas (29) por la perspectiva de perder buenos trabajadores han solicitado la adopción de una prórroga (30) generosa. En sus intervenciones ante los medios hispanos -EE UU celebra oficialmente hasta el próximo 15 de octubre el Mes de la Herencia Hispana-, Clinton también se ha declarado partidario (31) de la flexibilidad.  Pero los republicanos, liderados (32) en este asunto por el congresista tejano (33) Lamar Smith, no dan su brazo a torcer (34). «El que alguien haya vivido ilegalmente en EE UU durante varios años y no quiera regresar a su país no es una razón legítima para permanecer aquí», dice Smith. Las tres semanas adicionales concedidas el viernes les parecen a los republicanos mucho más que suficientes. 

              La reforma de la ley especifica que, a partir de este otoño, ningún extranjero que permanezca (35) ilegalmente en EE UU podrá regularizar su situación desde el interior del país. Si esos 700.000 que están tramitando (36) sus papeles lo abandonan voluntariamente, podrán seguir el papeleo (37) en las embajadas norteamericanas. Pero cualquiera que se quede y sea descubierto (38) y expulsado (39) no podrá comenzar los trámites para un regreso legal hasta un plazo que oscila entre tres y 10 años. A los deportados (40) que vuelvan a ser sorprendidos en suelo norteamericano se les negará la entrada para siempre.